Los Representantes David Racero y María José Pizarro denuncian en la Cámara de Representantes la inoperancia del Gobierno, frente al asesinato a líderes y lideresas sociales.
Bogotá, D.C., Septiembre 30 de 2020
. Como un desplante con las víctimas, familiares y comunidades de los cientos de líderes, lideresas y personas en proceso de reincorporación, asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, calificaron los congresistas de la bancada de oposición de la Cámara de Representantes, la ausencia de Iván Duque en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación José Emilio Archila, en el marco del debate de control político “La indiferencia mata” como lo denominaron, que se realizó hoy en la célula legislativa y al cual estaba citado e invitado el Gobierno Nacional.“La indiferencia del Gobierno Duque está desangrando el país, 64 masacres ocurridas este año, 574 líderes y lideresas asesinados durante su mandato, confinamientos, desplazamiento, violencia sexual en los territorios. La guerra asoma de nuevo e Iván Duque envía una carta diciendo que no puede asistir porque hay otros compromisos. Duque se ha puesto del lado de los victimarios. Duque con sus mentiras ante la Asamblea General de la ONU, oculta lo que está ocurriendo en Colombia, que es el regreso de la guerra”, manifestó la representante a la Cámara por la Colombia Humana, Ángela María Robledo.
Y es que las cifras hablan por sí solas, según el Representante Omar Restrepo “A la fecha van 230 firmantes de paz asesinados. En los últimos meses, uno cada semana. La estigmatización constante a las organizaciones campesinas, a los líderes y al PNIS, a los mineros informales y a los firmantes del Acuerdo ha desatado un baño de sangre. Lo hemos dicho desde La Habana, mientras no se superen las causas estructurales del conflicto, este no se detendrá. El cumplimiento de los acuerdos es imperativo para empezar a solucionar la violencia en Colombia.”
Pero no sólo son víctimas las personas en proceso de reincorporación, lo son también los jóvenes, mujeres, comunales, campesinos e indígenas que vienen liderando procesos sociales en sus territorios y que producto de la indiferencia del Gobierno han sido asesinados, “ En dos años el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes que permitan prevenir, proteger, investigar, sancionar y judicializar los homicidios a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por el contrario, existe una impunidad del 95% de los casos que son investigados. Este Gobierno los estigmatiza y criminaliza al llamarlos “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollo”, “criminales” o “informantes” una práctica ejercida también en la política de Defensa y Seguridad Democrática”, afirmó la Representante María José Pizarro.
De igual forma, la Representante katherine Miranda, manifestó su preocupación ante la baja inversión de la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de la protección individual y colectiva a líderes sociales “que en el 2020 ha ejecutado solo el 5% de los 6 mil millones de pesos que tiene de presupuesto. En el rubro específico de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo el avance es de 0% financiero y físico. ¿Este es el compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos amenazados en el país? Un compromiso del 0%.”
Por otra parte, para el Representante León Fredy Muñoz el conflicto está ligado a disputas territoriales porque el Estado no fue capaz de copar los territorios, mantener el uso legítimo de la fuerza y cobrar los impuestos, se aprovechan de las zonas más pobres y vulnerables donde los grupos armados ilegales terminan explotando esa población para su accionar, añade que es evidente que a este Gobierno le interesa conservar su discurso de guerra para perpetuarse en el poder.
Así mismo, el Representante David Racero hizo énfasis en que los líderes y lideresas sociales se encuentran entre la victimización de los actores armados ilegales y la desatención del Estado. “Tenemos un Estado indiferente, inoperante, indolente e incompetente para acatar las recomendaciones de Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, pues es inadmisible que de manera reiterada la Defensoría reportara que a pesar de que las entidades del nivel nacional y territorial han sido advertidas de los altos niveles de riesgo para líderes sociales, como en el caso de Samaniego, Nariño, las entidades dan cumplimiento bajo y casi nulo a las recomendaciones. Este comportamiento omisivo y negligente facilita la consumación de los riesgos de los que anticipadamente conoce el gobierno nacional”
Finalmente, los y las Congresistas citantes del debate de Control Político, manifestaron que no les cabe duda que acá en Colombia los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los líderes y lideresas, y las personas en condición de reincorporación, son quienes cuidan la vida, no el Gobierno, lo que los pone en mayor riesgo de ser asesinados.
